Debatir nuestro futuro

Los argentinos nos acercamos al Bicentenario en el marco de un proceso de transformación social, económica y política que abre nuevas esperanzas: estamos saliendo de la crisis al mismo tiempo que recreamos las bases de una sociedad capaz de incluir a todos sus habitantes en los beneficios del crecimiento y de garantizar el ejercicio de sus derechos cívicos y sociales.

Ya hemos visto en la década pasada cómo el crecimiento pudo estar combinado con mayores niveles de exclusión y de pobreza. En ese contexto, la educación fue concebida como un espacio de contención social y vio disminuida su capacidad igualadora. Reafirmar un nuevo modelo de desarrollo, orientado a la producción, el trabajo, la ciencia y la tecnología, con una distribución justa de la riqueza, supone contar con una educación acorde, que garantice a todos los habitantes el acceso a los saberes necesarios para ejercer la ciudadanía plena, continuar estudiando y participar en el mundo del trabajo y en las oportunidades que abre el desarrollo tecnológico y científico. Una educación que se convierta en un factor clave de la estrategia de desarrollo nacional.

Por eso, discutir una nueva ley de educación es discutir el rumbo del país para las próximas décadas. Debemos interpretar con realismo el punto de partida y trazar una política educativa que sea la base de una Argentina más justa, igualitaria y democrática.

Los avances logrados con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica son fundamentales. Pero necesitamos superar la fragmentación entre diferentes subsistemas hoy desarticulados, cuyas desigualdades tienden a reproducir la brecha social y regional. La nueva ley debe sentar las bases para reconstruir un sistema homogéneo e igualitario, con altos niveles de calidad, que asegure la inclusión universal y ofrezca una formación a la altura de los desafíos de la sociedad del conocimiento. Un sistema capaz de actualizar regularmente los contenidos y concretar cambios pedagógicos que estimulen la pasión de aprender.

Hablamos de contemplar los desafíos que plantea educar en un contexto de fuertes cambios culturales y tecnológicos, que impone nuevas demandas curriculares y de infraestructura. Hablamos de avanzar en la obligatoriedad de la educación media y en la universalización del nivel inicial desde las edades más tempranas.

Necesitamos un proyecto educativo que preserve la diversidad como valor; la solidaridad y el compromiso democrático, como fundamentos de una ciudadanía responsable.

Debatir la nueva ley es debatir cómo garantizamos el derecho de todos a ingresar, permanecer y egresar de una buena escuela, el derecho a aprender y a enseñar en condiciones dignas, el derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos, el derecho de los docentes a una formación permanente, a buenas condiciones de trabajo y retribuciones justas, el derecho de las personas con necesidades especiales a contar con propuestas educativas integradoras.

Para ser legítima y convertirse en política de Estado, una norma que debe marcar un horizonte en el que se juegan cuestiones de tal envergadura, tiene que expresarnos a todos. Por eso, debe ser objeto de un debate franco, amplio y plural en todo el país, y en el que intervengan todos los sectores. Muy especialmente, queremos que la participación de los docentes sea el rasgo distintivo de la discusión que iniciamos. El debate en las escuelas deberá incluir tanto el documento inicial como el proyecto que llegará en el mes de septiembre. Contamos con ustedes.

Lic. Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología