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Hacia una ley de financiamiento educativo
El pasado 9 de septiembre el Presidente de la Nación
elevó al Congreso el proyecto de ley de Financiamiento
a la Educación, la Ciencia y la
Tecnología, que propone un incremento gradual del presupuesto
hasta alcanzar, en el año 2010, el equivalente al
6% del PBI.
El amplio abanico de personalidades que se dio cita para
acompañar el anuncio presidencial mostró el creciente
consenso que existe en considerar la educación como
un eje central de la estrategia de desarrollo. De manera
inédita, los gobernadores, dirigentes sindicales, figuras de
la cultura, representantes de los organismos de derechos
humanos, referentes empresariales, rectores de las universidades
nacionales y dirigentes de los gremios docentes
se unieron para expresar su apoyo a la iniciativa.
La perspectiva de contar con una ley de estas características
genera, por primera vez en mucho tiempo, las condiciones
para planificar el crecimiento y la transformación
del sistema educativo hacia la Argentina del Segundo
Centenario.
Para avanzar en esta dirección es necesario tener metas
claras y evaluables que permitan asegurar su cumplimiento.
Estas metas deben garantizar que el esfuerzo social
vea sus frutos en una mayor escolarización de la población
y al mismo tiempo en un sustantivo mejoramiento
de la calidad de la educación que se brinda en todos los
niveles del sistema.
Respecto de las metas cuantitativas, resulta imperioso
avanzar en la escolarización de los chicos en las edades
más tempranas. Es necesario incorporar a los niños de tres
a cinco años que provienen de familias de sectores populares,
pues es la mejor estrategia para que su escolaridad
básica sea exitosa. También tenemos deudas con el cumplimiento
de los 10 años de escolaridad obligatoria. Ello
exige llevar adelante políticas que faciliten la permanencia
en la escuela a través de becas, material didáctico y
apoyo pedagógico para aquellos que más lo necesiten. Los
esfuerzos por ampliar la escolarización también requerirán
estrategias específicas para extender la cobertura en
la escuela media, en la educación de adultos y, muy especialmente,
en la alfabetización.
Sin embargo, no nos cabe duda de que la principal y más
compleja tarea estará dirigida a los aspectos cualitativos.
Es en este campo donde las estrategias de transformación
requieren más tiempo y constancia, y donde los aspectos
específicamente pedagógicos adquieren mayor dimensión.
Aumentar el tiempo de clase de los estudiantes que provienen
de familias de menores recursos es imprescindible,
pero también hay que garantizar que este tiempo extra
signifique más aprendizajes. Mejorar las condiciones
salariales y de trabajo de los docentes también es un camino
que debemos recorrer inmediatamente. A la vez, debemos
acompañar estas mejoras con una transformación
en la carrera docente que favorezca una capacitación de
base y permanente de alta calidad.
Un aspecto que exigirá un profundo debate es la elaboración
de políticas que permitan avanzar hacia una creciente
igualdad en el acceso a los saberes que debe garantizar
el sistema educativo. Para ello es imprescindible
terminar con la fragmentación y segmentación que determina
que los chicos que provienen de las regiones y de
las familias más pobres reciban inferior calidad educativa.
En este sentido es tan necesario que debatamos en el
Consejo Federal de Educación mecanismos que nos permitan
tender a la unidad de nuestro sistema, como desarrollar
desde el Ministerio de Educación estrategias para
compensar las desigualdades regionales y familiares.
Como vemos, los desafíos que plantea la Ley no son pocos.
Contar con mayores recursos es condición necesaria
pero no suficiente para alcanzar una educación de calidad
para todos. Se requiere abrir el debate amplio y profundo
acerca de las transformaciones legislativas y pedagógicas
necesarias para alcanzar este objetivo. Los docentes
deberán tener un protagonismo central en este debate.
La perspectiva de que paulatinamente se resuelvan los
déficits materiales volverá a colocar en nuestras manos la
construcción de esa escuela que nuestros niños y jóvenes
merecen y que el país necesita para alcanzar un futuro de
progreso, bienestar e igualdad de posibilidades para todos.
Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
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