Planos perfectibles de un promisorio edificio en construcción
Juan J. Llach*


La política de educación básica 2003-2007, conducida por el ministro Daniel Filmus, será recordada ante todo por su vasta y relevante tarea normativa, destacándose las leyes de educación técnica, financiamiento y educación nacional, sin desmedro de las normas de jerarquización salarial de la docencia; los 180 días de clase -cuyo incumplimiento, pese a su escasez, hay que lamentar- o el centenar de resoluciones del Consejo Federal. Se han establecido nuevas bases y puntos de partida para el logro del ansiado objetivo de una educación de calidad para todos. La ley de educación técnica -en pleno funcionamiento, apoyando proyectos de las escuelas con fondos específicos- armoniza con el nuevo consenso de apoyo a los sectores productores de bienes. La ley de financiamiento educativo rescató la idea de la ley 1420 (1884) de un "tesoro común de las escuelas", plasmada en la garantía de la coparticipación para lograr un 6 por ciento del PIB de inversión en educación, ciencia y tecnología en 2010, meta empero escasa e inferior a la de la Ley Federal que establecía 6 por ciento solo para la educación. Hay que lamentar que a aquella garantía estén afectados solo los fondos de las provincias y no los de la Nación.

De la Ley de Educación Nacional hay que destacar ante todo la discusión social que la precedió y en la que todos pudieron opinar, aunque sus recomendaciones no siempre fueran tenidas en cuenta como puede comprobarse leyendo la encuesta realizada por el Ministerio. Son elogiables sus metas de desarrollo infantil desde los 45 días (que debieron ser desde el embarazo) y de escolarización inicial y media. En cuanto a la equidad, se destaca la jerarquización de modalidades especiales, la prioridad otorgada a las escuelas y alumnos más necesitados, la voluntad de promover la concentración de horas cátedra y que los docentes con mayor experiencia y calificación enseñen en aquellas escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, aunque esto está exageradamente sujeto a las negociaciones colectivas docentes.

En cuanto a la calidad, sobresalen la nueva estructura educativa que implica -entre otras cosas- volver a otorgar nivel secundario a dos o tres años de la actual EGB 3, y también son plausibles las normas para jerarquizar la docencia, la diferenciación de las trayectorias áulica y directiva, el aumento de un año en la formación para los niveles inicial y primario, y la importante creación del Instituto Nacional de Formación Docente que ya está en funciones. En materia de gobierno son bienvenidas la obligatoriedad de las resoluciones del Consejo Federal de Educación y las variadas instancias de participación abiertas a expertos y a la sociedad en consejos consultivos o asesores.

Sin perjuicio de estas virtudes, creo que la ley tiene importantes carencias, que solo podrán superarse con enmiendas o con un decidido accionar de las 23 provincias o la Ciudad de Buenos Aires. Las metas de jornada extendida son mezquinas y no se hace mención a la necesidad de brindar a todos, no "más de lo mismo" sino la expresión artística, las tecnologías, la recreación, los deportes, los idiomas y otros aspectos del desarrollo personal. Tampoco se ha previsto la crucial adquisición de competencias laborales en la enseñanza media, tanto más necesaria ahora por la obligatoriedad.

Otra gravosa omisión es que, en ausencia de instrumentos de acción afirmativa, continuará la amarga y antigua segregación socioeducativa, con escuelas pobres para los pobres e insuficiencias de ofertas educativas para ellos, que podría evitarse con zonas educativas de atención prioritaria para todos los chicos en situación de pobreza, financiadas con los aportes de la Nación a la Ley. Los grandes esfuerzos que toda la sociedad argentina, incluyendo los más pobres, está haciendo para financiar la educación deberían tener como contrapartida una transparencia hoy inexistente. Ninguna provincia publica (y creo que ignora) cuánto invierte por alumno en cada escuela. Por análogas razones, las evaluaciones previstas deberían ser censales, no por muestra, para que discretamente y sin afán competitivo alguno, autoridades y comunidades educativas pudieran conocer mejor cómo evoluciona cada escuela. Este control por parte de la sociedad se vería favorecido si funcionaran consejos de gestión y evaluación de estas leyes en cada jurisdicción, con la participación de poderes públicos, comunidades educativas, académicos y la sociedad civil, y aun consejos de escuelas como los previstos en la ley 1420 y hoy desnaturalizados.

Estamos en presencia de una gran oportunidad para la educación argentina, pero aprovecharla requerirá mucha constancia y grandes esfuerzos de aquí en más. La clave es que las normas lleguen a las aulas. Si hubiera de encontrarse un símbolo diría que podremos festejar el día en que los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, gran herramienta, estén plenamente asimilados por todos los educandos argentinos, y que todos lo sean.

* Miembro de la Academia Nacional de Educación y ex ministro de Educación.

   
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