Una política de inversión e inclusión
Por Susana Montaldo*

La finalización de una gestión de gobierno es un tiempo propicio para examinar, revisar, volver la mirada hacia atrás. Es lo que hacemos todos los seres humanos cuando el calendario nos indica que una etapa concluye. Entonces ponemos en la balanza de nuestras evaluaciones, la satisfacción por los logros obtenidos pero también la sensación de todo lo que nos quedó por hacer y alcanzar. Sin lugar a dudas, en el período 2003-2007 se realizaron grandes esfuerzos por posicionar la educación como política de Estado y construir escenarios de desarrollo que permitieran superar la crisis y la fragmentación del sistema educativo.

Para analizar y hacer un balance de la política educativa llevada a cabo en este período, voy a seguir el camino que va de los "productos" a los "procesos", por considerar que de lo que se trata no es de indagar las "intenciones" de los actores sociales sino, fundamentalmente, de hacer visibles los "efectos de sentido" que las acciones desplegadas produjeron, tanto en relación a las metas planteadas como a los entramados de significación que acerca de lo educativo se fue configurando en la sociedad.

En ese sentido, quiero señalar tres indicadores relevantes que dan cuenta de un discurso democratizadorque se materializa en este contexto en la implementación de una política de inversión e inclusiónen el área:

-La Ley de Financiamiento Educativo que posibilitó el crecimiento del presupuesto destinado a educación, el incremento del salario docente y la configuración de un marco de previsibilidad para la mejora educativa.

-El Plan 700 escuelas dio lugar a la ampliación y mejora de la infraestructura escolar existente, a la erradicación de escuelas rancho, otorgando a docentes, alumnos y a toda la comunidad educativa, un espacio digno para el aprendizaje. Cuando iniciamos la gestión, en 21 escuelas de sectores sociales carenciados de la provincia había turnos intermedios, es decir, se brindaban solo dos horas y media de clases diarias; y esto representaba la mayor inequidad social. Para el inicio del ciclo lectivo 2008, se erradicarán en su totalidad.

-La distribución de libros de texto y de nuevas tecnologías en las escuelas, y el Plan de Becas que benefició a alumnos y alumnas de nivel primario, secundario, escuelas técnicas, Institutos de Formación Docente y facilitó la inclusión y retención de un número importante de alumnos que habían abandonado la escuela.

Porque incluir no significó solo inscribir sino desplegar un trabajo de apoyo multisectorial con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tendiente a dotar de visibilidad e identidad a grandes sectores "desaparecidos socioculturales".

Este discurso democratizador se desarrolló en variados planos y adquirió un "poder simbólico" configurador de una representación colectiva que tuvo su concreción máxima en la Ley Nacional de Educación y en la Ley de Educación Técnica. Entiendo aquí "poder" como "la capacidad de generar una creencia", la creencia de que la educación es una herramienta estratégica para la construcción de un país más justo y solidario, un país productivo que funda en la ciencia y la tecnología las bases de su desarrollo, un país que entiende lo nacional como lo federal, y por eso le confirió al Consejo Federal un papel protagónico en el proceso de concertación necesario para el gobierno y la administración del sistema educativo. Todas estas son "marcas" de una política educativa que busca entablar una nueva relación con el proyecto de país, para volver a entretejer los lazos sociales y generar espacios donde puedan articularse los deseos, las aspiraciones y los intereses de la sociedad.

Pero como toda acción política es vulnerable, de carácter contingente -y por tanto las estructuras que produce son siempre incompletas, sin sutura final, erosionadas y enriquecidas por el dinamismo social- son varias también las deudas pendientes. La extensión de la cobertura a sectores sociales históricamente excluidos, en especial de la educación secundaria, nos presenta el desafío de la calidad, de la formación docente adecuada para atender la diversidad, del trabajo multisectorial para dar las respuestas pertinentes a la complejidad de las situaciones, de una articulación productiva entre educación y trabajo. Estos son solo algunos de los retos que se presentan hacia el futuro y a los que la nueva gestión deberá prestar especial atención.

* Ministra de Educación de la provincia de Tucumán.

   
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