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Educación Secundaria
Orientaciones políticas 2004-2007


Reconfigurar el papel del estado en la política educativa

La profundización de las desigualdades educativas se vincula no sólo con los condicionantes sociales, sino también con las acciones políticas que pueden realizar el estado nacional y de los estados provinciales como responsables de un sistema educativo democrático, justo e igualitario.
La década del '90 trajo un conjunto de transformaciones sobre el propio estado, entre las que se destaca el corrimiento de su responsabilidad en garantizar los derechos de los ciudadanos junto a la emergencia de concepciones de deslegitimación de la política como acción colectiva, que han transformado las posibilidades de intervención y las relaciones entre la sociedad y el estado.
Al mismo tiempo, se generaron reformas educativas estructurales en casi todas las jurisdicciones. Las evaluaciones realizadas y en marcha señalan los límites que tuvieron estas políticas de cambio frente a la fuerza "arrasadora" de los procesos de desintegración social, de profundización de las desigualdades y de exclusión económica y social.
La peculiaridad del federalismo argentino en educación parece haber acentuado las desigualdades territoriales, debido en parte a la dinámica de los procesos de descentralización así como a determinados modos de hacer política educativa.
El mapa nacional oculta grandes diferencias entre las jurisdicciones. Tanto en EGB como en Educación Polimodal y/o Media existen importantes disparidades entre ellas y en el interior de las mismas; y en algunos casos se observan procesos de carácter regresivo en relación con la retención de la matrícula y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.
Sin dudas, las jurisdicciones se vieron enfrentadas a nuevos desafíos que se sumaban a aquellos de vieja data vinculados con la administración y gestión de los propios sistemas educativos. Los cambios y las modalidades de la transferencia de las escuelas medias y los procesos de implementación de la Ley Federal de Educación influyeron en la gestión de las jurisdicciones provocando una explosión en las estructuras y en los procedimientos. Ello incrementó las tareas de los equipos técnicos y agregó complejidad a la gestión de los propios sistemas educativos.
Dado este escenario, es preciso reconfigurar el espacio estatal nacional en el campo educativo. Un espacio que sea puente y enlace entre las políticas educativas provinciales y lleve adelante los procesos de integración necesarios; que mantenga la idea de nación como espacio colectivo que tienda a superar en el mediano plazo las brechas educativas que las provincias y las regiones poseen entre sí.
Esta reconfiguración, que involucra y a la vez excede a las provincias, tiene como premisa el respeto de la autonomía jurisdiccional y la contribución al fortalecimiento de la capacidad técnica instalada para el desarrollo de sus políticas y prioridades educativas, partiendo de una concepción de gestión compartida entre la Nación y las jurisdicciones.
El punto en cuestión es que el estado nacional y las jurisdicciones intervengan con políticas que generen condiciones para que todos los adolescentes transiten por la escuela media en recorridos educativos de calidad equivalentes.
En este sentido, no es posible ni deseable generar estrategias homogéneas ni procesos con resultados sólo a corto plazo. Se trata de implementar políticas educativas que requieren de distintas alternativas y de una dimensión del mediano y largo plazo. Políticas capaces de definir un conjunto de orientaciones, de reglas y de recursos específicos destinados a brindar oportunidades de inclusión justa a todos los jóvenes del país.


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