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Esta Dirección


Recuperar el mediano plazo como horizonte para la construcción de las políticas con renovados modos de intervención, constituye un camino para recuperar un lugar del Estado como referente político para la construcción de horizontes igualitarios para toda la sociedad.

Reconociendo el piso desde el cual se parte, así como la necesidad de reconstruir las condiciones para aquel tránsito, la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, orientará sus políticas hacia las siguientes apuestas estratégicas como grandes inclusores del resto de las acciones que puntualmente se plantean para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo:

• Reconfigurar un ámbito público estatal nacional que sea integrador de las acciones políticas llevadas adelante por los distintos actores.

¿Qué significa ser parte de un Ministerio Nacional de Educación? Una respuesta a esta pregunta implica considerar tanto al Estado como la relación nación-provincias.

Muchos son los procesos de las últimas décadas que han redibujado sus límites y posiblidades, no sólo en el ámbito de la educación que ofrece el Estado sino en campos más amplios como los procesos de globalización de la cultura y la economía. En paralelo un conjunto de transformaciones sobre el propio Estado, entre las que se destaca la pérdida de legitimidad de la política como acción individual y colectiva, transformaron las posibilidades de intervención y las relaciones entre la sociedad y el Estado.

Frente a ellos es preciso reconfigurar el espacio estatal nacional que creemos que debe tener la educación. Es preciso delinear nuevamente el espacio de un Ministerio Nacional de Educación, que recree un nosotros y un todos más amplios y abarcativos que los de los espacios federales. Un espacio que funcione como integrador de los desarrollos de las jurisdicciones provinciales, que sea puente entre las provincias y lleve adelante los procesos de integración necesarios; que mantenga la idea de nación, con las vicisitudes y problemas de frontera que ésta sufre en el presente, como superficie de inscripción de un nosotros que supere las diferencias educativas, sociales, políticas y económicas que las provincias poseen entre sí.

Este espacio nacional deberá trabajar con los procesos de federalización, que no han sido parejos en todos los órdenes del Estado, y ubicarse frente a ellos como el ámbito que integra a las provincias en un norte común, absolutamente necesario en un país que se pretende como tal, y que sostiene la igualdad de todos sus habitantes desde la participación en la construcción de lo común. La federalización ha sido importante como herramienta para convocar a la participación y a la búqueda de consensos, pero no significa que, en materia educativa, cada provincia sea totalmente autónoma de los intereses del conjunto, sino que participe aparte en la construcción de lo común desde una posición más activa.

En ese sentido creemos que es preciso que el conjunto de las acciones políticas den lugar a un Estado capaz de sostener el interés nacional recuperando aquello que nos une por encima de las particularidades.

Necesitamos llevar adelante acciones que legitimen su lugar y recuperen la confianza para transitar a un horizonte común en el que todos tengan lugar, que parta de la consideración del presente, generando nuevas condiciones y reponiendo un lugar de construcción de un futuro, que no sólo es espera sino que es compromiso actual en su construcción.

Nuevas formas de construir políticas, que expresen claramente la relación del Estado con la sociedad y en ella el lugar de los actores, deben ser la marca que devuelva a las instituciones la confianza y legitimidad de la que hoy carecen, renovando así un lugar para la política, tanto como acción individual como colectiva.

• Asumir la responsabilidad del Estado como garante de la igualdad de todos los habitantes del territorio argentino frente al derecho de la educación.

El sistema educativo argentino presenta un escenario sumamente heterogéneo y fragmentado. Luego de una década de gestión descentralizada de servicios educativos y tras una crisis social inédita y cruel, existen situaciones muy diferentes en las distintas provincias así como al interior de cada jurisdicción. Muchas de las situaciones y experiencias escolares por las que transitan los niños y los jóvenes de nuestro país expresan un panorama de extrema desigualdad educativa que refuerza la injusticia social.

Las acciones llevadas adelante por esta política educativa deben contemplar esta complejidad en sus distintas dimensiones, promoviendo al Estado Nacional como garante de condiciones de igualdad educativa para la totalidad del sistema. Esta voluntad política, que involucra y a la vez excede a las jurisdicciones provinciales, procurará respetar y fortalecer la capacidad de las provincias para el desarrollo de sus políticas educativas provinciales.

Pensar la unidad en un sistema educativo desigual, que es a su vez heterogéneo, exige garantizar condiciones equivalentes, reconociendo la diversidad de las distintas propuestas pero a la vez trabajando para reducir las brechas en el sistema. Es preocupación de esta Dirección la construcción de equivalencias entre las distintas propuestas formativas y experiencias de aprendizaje, construyendo unidad sin uniformidad y rescatando la función pública de la escuela.

• Establecer/priorizar las dimensiones pedagógica e institucional como ejes de la política educativa

Se requiere recuperar la pedagogía como dimensión que habilite una intervención integral en las escuelas, superando aquellas miradas que se concentraron en perspectivas atomizadas y fragmentarias (como las excluyentemente psicologistas o contenidistas) para incidir en el ámbito escolar. Habilitar y poner en juego la dimensión pedagógica supone, por un lado, incluir los saberes acumulados en nuestra historia y nuestra cultura alrededor de la transmisión, del encuentro entre generaciones, de la posibilidad de vincularse legítimamente. Pero, por otro lado, es asumir que todo acto educativo implica una intervención política sobre otro, no exenta de prescripciones, de horizontes y de fines.

Una política que reponga la dimensión pedagógica de la intervención educativa debe tener presente la realidad de las instituciones y los distintos actores implicados, sin cuya participación, cooperación y compromiso, cualquier propuesta resultará inviable. El involucramiento y protagonismo de los diversos actores y de las instituciones no sólo constituye una condición técnica para el desarrollo de una propuesta efectiva; también es un objetivo político, en momentos en que se promueve desde el Estado en su conjunto la iniciativa de construir un proyecto de país inclusivo y que contemple la dimensión del largo plazo.

La tarea de todos los actores participantes en el sistema educativo, conjuntamente con los Ministerios provinciales y esta Dirección Nacional será, entonces, la lectura e interpretación de la realidad escolar y su contexto para poder revisar críticamente las estrategias de intervención actuales y poner en práctica con ellas otras formas pedagógicas e institucionales de transmisión de la cultura.

• Fortalecer el lugar de la escuela como institución social y la función del docente como agente de la transmisión y recreación de la cultura

En una sociedad fracturada, con profundas brechas sociales que se traducen a su vez en desigualdades educativas, es necesario convocar a las escuelas y a los docentes a la tarea de construir lazo social, de generar estrategias de inclusión y de fortalecer los procesos de transmisión cultural.

La Escuela puede contribuir a unir lo que está roto, a vincular los fragmentos, a tender puentes entre el pasado y el futuro. Estas son tareas que involucran de lleno a los docentes como trabajadores de la cultura. La escuela es un espacio para la participación y la integración; un ámbito privilegiado para la ampliación de las posibilidades de desarrollo social y cultural del conjunto de la ciudadanía.

Mejorar las condiciones para que los docentes, en tanto que ciudadanos y trabajadores de la cultura, puedan asumir una posición activa en las tramas sociales, políticas y culturales de nuestra época será una tarea necesaria para acompañar y jerarquizar a los mismos. El mundo contemporáneo presenta escenarios complejos y cambiantes, desde los producidos por las violentas transformaciones en el mundo del trabajo hasta los nuevos lenguajes habilitados por las tecnologías. Estas transformaciones atraviesan la docencia y la escuela misma, planteándoles el desafío de revisar el pasado en la historia y la cultura para encontrar los indicios de un presente y un futuro más justos. En este sentido, los docentes tienen la responsabilidad de comprender y operar reflexivamente sobre el mundo, en su trabajo permanente con el conocimiento y su distribución social.

Se hace preciso, entonces, desplegar un conjunto de estrategias dirigidas a la formación y al desarrollo del profesional docente que, en tanto funcionario del Estado, valoricen el carácter político de esta responsabilidad, en tanto que la transmisión de conocimiento crea lazo social y contribuye a construir ciudadanía. Por otra parte, es necesario favorecer el debate político público en materia de educación, y poner en marcha acciones concretas que contribuyan a reposicionar al docente como agente fundamental en la transmisión y recreación de la cultura, construyendo entre escuela y sociedad un nuevo contrato de legitimidad.

• Sostener y reforzar la función inclusiva de las propuestas pedagógicas que despliegan los sistemas educativos.

La envergadura de la crisis y la pauperización de la población y sus efectos en el campo de la educación de la última década señalan un rumbo para las políticas de inclusión: el trabajo sobre la permanencia de los niños y jóvenes en las instituciones educativas. Pero el eje de la permanencia es insuficiente si se combina con la imposibilidad de pensar un futuro mejor para ellos o para sus hijos, en el que tenga que ver la educación. Nuestro trabajo deberá atender a desnaturalizar la pobreza que hoy habita nuestras escuelas, donde suelen convivir los esfuerzos por enseñar con presupuestos deterministas de todo tipo, que juzgan y cuestionan la capacidad de aprender y encierran a la pobreza en un círculo no sólo económico sino cultural del cual pareciera que no se puede salir.

Sostenemos la necesidad de abrir un espacio de interrogación sobre el destino de quienes son sujetos de las prácticas educativas, y despejar los supuestos que pueden obstaculizar políticas inclusivas, que no cierren sino que multipliquen las posibilidades de aprender. Este espacio de interrogación constituye una apuesta al futuro de todos quienes pasan por las escuelas de nuestro país.

Pero la inclusión no se agota en el trabajo superador de las diferencias socioeconómicas. La inclusión es inclusión de las diferencias, de las culturas, del lenguaje, de las identidades regionales, de la «población especial», de todos aquellos rasgos que hacen a la riqueza de una cultura tan compleja, híbrida y extendida como la nuestra. En este sentido es preciso revisar e interpelar las acciones educativas desde una política de la diferencia que no atente contra una política inclusiva, sino que amplíe y diversifique ese nosotros y lo recree desde el conjunto de las operaciones pedagógicas. Esta inclusión, de carácter eminentemente político y simbólico, deberá velar tanto por un presente distinto al interior de las prácticas educativas como por un horizonte más amplio para todos los habitantes del país.

 

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